En Venezuela se ha registrado un “alarmante” aumento de desapariciones forzadas desde diciembre de 2023, advirtieron este martes integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, advirtieron las expertas en un comunicado.
Las detenciones prolongadas y “en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas” y “parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales”, de acuerdo a las expertas de la ONU Aua Baldé, Gabriella Citroni, Angkhana Neelapaijit, Grazyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo.
En su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del “principal partido político de la oposición y militares”, reseña una nota de prensa de la ONU.
Además, insistieron en que privar a una persona de su libertad, “seguido de la negativa a reconocer su detención u ocultar su suerte o paradero” constituye “una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”.
Las integrantes del grupo de trabajo destacaron que el delito de desaparición forzada también viola los derechos de familiares de la persona desaparecida, pues son “quienes llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención, donde no sólo se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o paradero, sino también se les expone al riesgo de represalias”.
Las expertas instaron al Estado venezolano a tomar medidas para prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada y proporcionar información sobre la suerte y paradero de las personas actualmente detenidas en “régimen de incomunicación” por el Estado.
Además, exhortaron a ofrecerles todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir visitas de éstos, el acceso a asistencia letrada de su elección y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención.
Desde inicios de este año, luego de que el gobierno dijo haber desarticulado al menos cinco planes conspirativos en su contra, varias personas han sido detenidas y sus familiares han denunciado que no son informados sobre su paradero durante horas e incluso días.
Uno de los casos más notables fue el de Rocío San Miguel, abogada experta en asuntos militares, acusada en febrero de presuntamente haber cometido delitos de conspiración, y cuyos abogados denunciaron que se mantuvo en situación de desaparición forzada, una versión que rechazó la fiscalía venezolana.
La situación llevó a la oficina del alto comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH), Volker Turk, a expresar preocupación y manifestar que el hecho de que en ese entonces su paradero fuese desconocido, podría calificar como desaparición forzada.
En consecuencia, el gobierno venezolano decidió suspender las actividades de la oficina ACNUDH en Caracas argumentando que la institución no se ha mostrado como un ente parcial.
La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro se comprometió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien visitó Caracas por cuarta vez, a permitir el regreso de la oficina del ACNUDH.
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