Desde tempranas horas de la mañana en el Día de la Independencia de EE.UU. decenas de personas se han concentrado a lo largo de una carretera en la ciudad de Murrieta, al sur de California, para protestar ante el flujo de inmigrantes que llegan a EE.UU. por la frontera sur con México.
El jueves los manifestantes lograron que un autobús con inmigrantes indocumentados no llegara a su destino, un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza localizado en Murrieta. Las autoridades de inmigración tuvieron que desviar el autobús a otro lugar.
Los residentes de Murrieta con el apoyo del alcalde se oponen a que los inmigrantes indocumentados permanezcan en su localidad y consideran que ellos no tienen por qué pagar por los gastos que ocasionan los inmigrantes, en su mayoría niños y mujeres.
Este es el ambiente que se ha generado en varias ciudades del país por el flujo masivo de niños solos o en compañía de sus madres, quienes intentan cruzar la frontera en busca de protección o asilo porque argumentan que en sus países son víctimas de la violencia, la persecución y la extorsión.
Ante el rechazo en algunas ciudades las autoridades está en la búsqueda de albergues temporales o trasladándolos a un centro implementado en Nogales donde la capacidad está llegando a su límite.
Piden intervención de la Guardia Nacional
El gobernador de Texas, Rick Perry participó de una reunión comunitaria el jueves en McAllen y pidió al gobierno de Barack Obama envíe a la Guardia Nacional a vigilar las fronteras.
Al mismo tiempo justificó que es necesario que los que ingresan ilegalmente a EE.UU. deben de ser deportados de inmediato, sin tener que esperar tanto tiempo en busca de un proceso.
Perry también solicitó al gobierno estadounidense un reembolso de $ 500 millones de dólares pata Texas debido a los gastos ocasionados por la llegada masiva de estos niños migrantes.
El gobierno estadounidense ha informado que en lo que va del año han ingresado 52.000 niños y está tomando acciones para agilizar los procesos de deportación y trabajando en conjunto con otras agencias gubernamentales y las autoridades centroamericanas para ofrecer los servicios humanitarios necesarios y frenar el ingreso ilegal de menores de edad.
